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La justicia se pudrió: ¿quién la rescatará?

Ni siquiera en las épocas más podridas los colombianos vinculábamos la rama de la Justicia a la corrupción. Durante decenios las cortes estuvieron ocupadas por magistrados del más alto nivel, casi todos orgullo del derecho colombiano. Cuando el nombre de uno de ellos aparecía vinculado a un asunto poco ejemplar solía tratarse de algo personal ajeno a su profesión, como aquel miembro de la Corte Suprema que, hace más de medio siglo, protagonizó un caso de sangre por celos.

Todo empezó a cambiar el 6 de noviembre de 1985, cuando la batalla entre guerrilleros del M-19 y tropas del Ejército por el Palacio de Justicia terminó con un holocausto en el que perecieron varios de los más brillantes magistrados de su tiempo. La masacre sacrificó la cúpula de una generación sobresaliente de juristas y disuadió a muchos otros de incorporarse a la judicatura y los desvió hacia la jugosa práctica privada. Valdría la pena realizar un análisis del origen de los altos jueces hace 25 años y ahora, pues, según entiendo, muchos de los cargos que ocuparon abogados egresados de universidades prestigiosas y de exigente nivel hoy están en manos de exalumnos de facultades poco acreditadas. De este modo, magistrados admirables como Carlos Gaviria, cuyas sentencias son tema de estudio en los cursos de derecho constitucional, fueron reemplazados en algunos casos por oscuros personajes que no llegaban apoyados en una carrera meritoria sino en componendas y compadrazgos. Sobra decir que sigue habiendo muchos jueces ejemplares y probos.

Para rematar, la Constitución de 1991 abrió las puertas a la politiquería en las cortes al otorgarles poderes para participar en la elección de otros altos cargos, como el Procurador, el Fiscal, el Registrador y el Contralor. Todo estaba dado para que surgiera un seudopartido político, el de los jueces, que negocia, arregla y corrompe. A poco andar, funcionaba ya un ‘carrusel’ que mejoraba las pensiones de los condiscípulos de los magistrados mediante un nombramiento de pocas semanas, y un alto juez –hay grabaciones– pedía dinero por otorgar favores a delincuentes; otros eran amigos de mafiosos y, en fin, se había conformado una red de clientelas y ayudas mutuas donde lo de menos eran la ética y la capacidad del togado y lo importante eran sus vinculaciones con los jefes de la máquina. Dos periodistas que los criticaron enfrentaron amenazas de denuncia.

La opinión pública supo entonces que se estaba produciendo un cambio nefasto y profundo en el poder judicial y que este se hallaba tan corrompido como la política. Conoció sus componendas, sus prebendas (cinco días de vacación remunerada por mes), sus nexos dañados y punibles. Ante el indignado silencio de los magistrados limpios, parte de la magistratura respondió al estupor de los ciudadanos con gestos de desdén, como aquel crucero por el Caribe para festejar el cumpleaños de la presidenta de la Corte.

Ahora hay rincones de las cortes donde es más lo que se transa que lo que se juzga. Los magistrados quieren extender su poder a la Contraloría y la Procuraduría, esta última en manos de un antiguo miembro del Consejo de Estado. Para ello ponen en marcha unas roscas que han merecido las críticas, entre otros, del jurista Ramiro Bejarano y de Noticias Uno. De esas roscas podrían salir los próximos jefes del control de fondos y funcionarios públicos de todo el país. Apetitoso ponqué para gente tan glotona…

Por esta razón, el propio Bejarano, con apoyo cada vez mayor, propuso una medida radical que consiste en revocar los períodos de todos los magistrados (lamentablemente, también los buenos), remover el cáncer de la política de su seno y nombrar juristas insospechables. Ignoro si se necesita un acto legislativo, un referendo o una bula papal. Lo que sé es que si no combatimos la corrupción, empezando por los jueces contaminados, naufragaremos todos en la cloaca.

Daniel Samper Pizano

Periodico El Tiempo

12 de abril de 2014


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